El procedimiento de insolvencia es un proceso formal que busca gestionar situaciones de insolvencia de forma justa para todas las partes. Su objetivo principal es distribuir el patrimonio del deudor entre los acreedores siguiendo unas normas establecidas y asegurando que todos reciban un trato igualitario.
Este proceso está regulado por leyes específicas que determinan desde los requisitos para iniciarlo hasta su desarrollo y conclusión. Durante el procedimiento, los acreedores deben registrar sus demandas para ser tenidos en cuenta y recibir una parte proporcional de los activos disponibles. Mientras el proceso esté en marcha, no pueden satisfacerse deudas fuera del marco legal establecido.
Apertura del procedimiento
El procedimiento de insolvencia solo puede iniciarse a petición de un acreedor o del propio deudor. Para ello, debe demostrarse la existencia de una causa de insolvencia, como la incapacidad de pago, un riesgo inminente de insolvencia o el sobreendeudamiento. Esta solicitud debe presentarse ante el juzgado de lo mercantil correspondiente.
Cuando se presenta la solicitud, el tribunal evalúa si hay motivos válidos para abrir el procedimiento y si los bienes del deudor pueden cubrir los costes del mismo. Este análisis suele tardar entre dos y tres meses, dependiendo del número de acreedores y de los bienes disponibles. Si se cumplen los requisitos, el tribunal declara abierta la insolvencia mediante una resolución que se publica oficialmente. Además, se notifica a los acreedores para que registren sus demandas dentro del plazo establecido.
Desarrollo del procedimiento
Una vez iniciado el proceso, el deudor pierde el control sobre su patrimonio, que pasa a manos de un administrador concursal designado por el tribunal. Este profesional se encarga de gestionar los bienes del deudor y decidir si se liquida, reestructura o vende su empresa. En algunos casos, el deudor puede conservar la gestión bajo supervisión, dependiendo de las circunstancias.
Durante este periodo, los acreedores registran sus demandas en el listado oficial, aunque las de menor rango (subordinadas) solo se considerarán si las demás han sido satisfechas por completo. Además, se suspenden las ejecuciones individuales para evitar que unos acreedores se beneficien sobre otros.
En un informe inicial, el administrador expone la situación económica del deudor, y los acreedores deciden cómo proceder: liquidación, reestructuración o venta parcial de activos. Más adelante, las demandas registradas se revisan, se aceptan o se rechazan en una reunión convocada para ello.
Finalización
Si los acreedores optan por la liquidación, el administrador vende los activos del deudor y distribuye el dinero obtenido entre ellos según la proporción de sus demandas. Las deudas que no puedan ser cubiertas quedarán impagadas, pero seguirán existiendo.
Rechazo del procedimiento
Si los bienes del deudor no alcanzan para cubrir los costes del procedimiento, la solicitud será rechazada por insuficiencia de masa. En este caso, los acreedores podrán iniciar ejecuciones individuales sin restricciones de igualdad.
Importante
Este contenido ofrece información general y no aborda situaciones específicas. No debe considerarse asesoramiento legal ni sustituir la consulta de un profesional.
Procedimiento de insolvencia